Tegucigalpa: Honduras, que registra una tasa de homicidios de 31 por 100.000 habitantes, sigue siendo uno de los países más violentos de la región aunque ha mejorado respecto a los máximos históricos de 80 por 100.000 de hace una década. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro avanza en 2026 con una profunda reforma policial que busca depurar instituciones corruptas y reconstruir la confianza ciudadana.

La reforma, apoyada técnicamente por la ONU y financieramente por la Unión Europea, incluye la revisión de la hoja de vida y los antecedentes de los más de 14.000 efectivos de la Policía Nacional. Hasta ahora, más de 1.200 agentes han sido suspendidos o expulsados por vínculos con el crimen organizado, cobro de extorsiones o violaciones de derechos humanos. También se ha creado un Tribunal de Policía con participación de la sociedad civil.

Pandillas y economía ilegal

La Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 siguen operando en Honduras, aunque su poder se ha fragmentado. Las pandillas controlan economías locales mediante extorsión a negocios, transporte y agricultores. El gobierno estima que la extorsión genera más de 200 millones de dólares anuales para las organizaciones criminales, desvitalizando la economía formal y expulsando empresas de zonas de conflicto.

Un programa de reinserción social apoya a ex miembros de pandillas que voluntariamente se desvinculan, ofreciendo capacitación técnica, empleo y reubicación. El programa, implementado con el apoyo del PNUD, ha beneficiado a más de 4.000 personas desde su lanzamiento en 2024, con una tasa de reincidencia del 18%, considerada baja para este tipo de intervenciones.

El papel de la diáspora

Las remesas que envían los más de 900.000 hondureños en Estados Unidos representan el 25% del PIB del país, siendo el principal ingreso de divisas. Esta dependencia es a la vez una fortaleza —proporciona ingresos a millones de familias— y una vulnerabilidad, ya que el destino del país está ligado a las políticas migratorias de Estados Unidos.