Bogotá: A diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC, uno de los antiguos comandantes guerrilleros se encuentra haciendo campaña electoral para obtener un escaño en el Congreso. Luis Albán, conocido en sus tiempos de guerrillero como alias "Marcelo Cáceres", recorre municipios del Cauca con posters de campaña y discursos sobre desarrollo rural, una imagen que habría sido impensable una década atrás.

Su candidatura es un símbolo del largo camino recorrido por el proceso de paz colombiano, pero también de sus contradicciones. Los exintegrantes de las FARC que se acogieron al acuerdo tienen garantizados diez años de curules especiales en el Congreso, que vencen precisamente en 2026. Muchos de ellos buscan ahora la reelección por las vías ordinarias de la democracia electoral.

El difícil camino de la reintegración

Hacer campaña política siendo exguerrillero en Colombia conlleva riesgos. Más de 300 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde la firma del acuerdo, la mayoría en zonas rurales donde el Estado tiene presencia débil y donde disidencias y otros grupos armados ilegales compiten por el control territorial. La Unidad Nacional de Protección asigna guardaespaldas a las figuras más expuestas, pero los recursos son insuficientes.

El Consejo Político del partido Comunes —el nombre con el que la FARC se convirtió en partido político— reconoce que ganar votos es infinitamente más difícil que ganar combates. La mayoría de los colombianos asocia el nombre de las FARC con décadas de violencia, secuestros y daño social. Reconstruir la credibilidad política desde ese punto de partida requiere tiempo, coherencia y resultados concretos en los territorios donde se presenta.

Balance del acuerdo de paz a diez años

El Acuerdo de Paz de 2016 detuvo un conflicto armado que costó 220.000 vidas en medio siglo. Sus resultados son mixtos: se desarmaron cerca de 13.000 combatientes, se crearon zonas de capacitación y reintegración, y los secuestros cayeron a mínimos históricos. Sin embargo, la implementación de las reformas rurales, de verdad y de justicia transicional ha sido lenta, y las disidencias de las FARC y el ELN continúan operando en múltiples regiones del país.